Hace tiempo publicábamos en uno de nuestros post que la convocatoria de la oposición marca el pistoletazo de salida, pero realmente esto no es así, lo que da comienzo a todo, el origen real de nuestro camino como opositores, es la publicación de la oferta de empleo público en el boletín oficial correspondiente.
En líneas generales la oferta de empleo público no es más ni menos que el instrumento de programación anual de las necesidades de personal y de los procesos de selección. Es decir, una previsión de las necesidades de recursos humanos detectadas por las administraciones, organismo o instituciones, necesidades que no pueden ser cubiertas con el personal que tienen existente en esos momentos.
Las ofertas de empleo público, que se aprueban anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deben ser publicadas en el Diario Oficial correspondiente. La Administración General del Estado debe publicar sus ofertas en el Boletín Oficial del Estado. La publicación comporta la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas.
La Oferta de Empleo Público es aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas. Dentro de ella se incluyen tanto las previsiones para personal de nuevo ingreso como aquellos otros referidos a personal que ya está ejerciendo sus funciones dentro de la Administración. Son los procesos de promoción interna, que tienen como objetivo contribuir a conseguir la eficacia en la prestación de los servicios y se configuran como vía para que los funcionarios adquieran las competencias y requisitos necesarios para la progresión en la carrera profesional desde los niveles inferiores a los superiores.
Así se dispone en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en cuyo artículo 70.1 se establece que “las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal”.
Para 2016, ha sido el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, el que ha aprobado la oferta de empleo público, en la que se recogen un total de 13.427 plazas libres y 5.694 de promoción interna. En ella se aprecia cómo se incluyen las previsiones que afectan a funcionarios y personal laboral de nuevo ingreso y de promoción interna de los diferentes sectores y ámbitos del Estado: personal de la Administración General, personal al servicio de la Administración de Justicia, Administración de la Seguridad Social, funcionarios de la Administración local con habilitación nacional, personal de enseñanza no universitaria, Cuerpos de Policía Nacional o de la Guardia Civil, personal sanitario funcionario y estatutario dependiente del INGESA, etc.
Con posterioridad, estas plazas ofertadas serán convocadas de forma independiente por cada cuerpo y escala. En cada convocatoria se tendrán en cuenta las bases generales y específicas de los procesos selectivos, recogiendo previsiones sobre, entre otras, desarrollo de estos procesos, plazos, publicidad o plazas reservadas a personas con discapacidad, colectivos víctimas de violencia de género o de terrorismo.
Veamos algunos ejemplos de lo comentado:
Por su parte, en el ámbito de las CCAA sucede de forma similar: éstas publican sus ofertas de empleo en sus respectivos Boletines Oficiales. Normalmente, las Leyes de Presupuestos respectivas establecerán los términos a los que deben ajustarse las ofertas de empleo público que se aprueben a lo largo del año. Las convocatorias concretas por categorías, ámbitos y sectores ofrecerán información detallada sobre los requisitos para participar en las pruebas, forma de realización de las mismas y plazo de presentación de solicitudes. Así han convocado algunas CCAA:
También a nivel local los Municipios y Diputaciones organizan su propia provisión de puestos a través de sus ofertas públicas de empleo:
Otras instituciones y organismos también regulan y establecen su propia oferta de empleo en base a sus necesidades y dotaciones presupuestarias:
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